Desde la Alianza Argentina de Pacientes – ALAPA rechazamos y denunciamos la decisión del Gobierno Nacional de eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y degradarla a una secretaría dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Esta medida constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos y una violación directa de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina y de cumplimiento obligatorio para el Estado Nacional.
El traspaso de la ANDIS al Ministerio de Salud no es una decisión administrativa neutral. Implica desmantelar una política pública transversal y reducir la discapacidad a una cuestión exclusivamente sanitaria, desconociendo su dimensión social, educativa, laboral, comunitaria y de derechos. La discapacidad no es solo salud: es acceso, es inclusión, es ciudadanía.
A lo largo de 2025, la gestión del Ministerio de Salud de la Nación ha sido objeto de múltiples críticas por recortes presupuestarios y una profunda crisis hospitalaria, que se expresó con claridad en los conflictos de hospitales emblemáticos como el Hospital Garrahan, el Hospital Bonaparte y el Hospital Posadas, atravesados por reclamos salariales, falta de insumos y deterioro de las condiciones de atención. A esto se suman la disolución de organismos estratégicos como el Instituto Nacional del Cáncer y la decisión de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. En este contexto, no existe ninguna garantía de que el traspaso de la ANDIS proteja o fortalezca los derechos de las personas con discapacidad.
Desde ALAPA hemos mantenido reuniones con las autoridades del Ministerio de Salud —tanto con el exministro como con el actual— sin obtener respuestas concretas ni soluciones reales a las demandas históricas de las personas con discapacidad y de la comunidad de pacientes en nuestro país.
Las personas con discapacidad no pueden seguir siendo la variable de ajuste de políticas de achicamiento del Estado. Cada decisión de este tipo impacta directamente en el acceso a prestaciones, en la continuidad de tratamientos, en los procesos de certificación, en la inclusión educativa y laboral, y en la vida cotidiana de millones de personas y millones de familias en todo el territorio nacional.
Exigimos:
• La inmediata revisión de esta medida.
• El respeto irrestricto de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
• El avance de las investigaciones por las irregularidades denunciadas en la ANDIS.
• El cese del desmantelamiento de políticas públicas en discapacidad y salud.
La discapacidad no se elimina por decreto.
Los derechos conquistados no se negocian.
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